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El 70% de los españoles quiere que el Estado gaste más. Y a la vez que no le suba los impuestos

Los españoles no somos los europeos que más impuestos pagamos. Al contrario, nos situamos más cerca de la presión fiscal de Chipre, Malta o Portugal que de la contribución de los finlandeses o los alemanes. Según ha reflejado una reciente encuesta, los españoles quieren parecerse a los países nórdicos en calidad de vida y servicios sociales, pero a su vez no están dispuestos a pagar la misma cantidad de impuestos que ellos. ¿La razón? Un 75% reconoce no fiarse de la clase política.

Igualdad de oportunidades. La encuesta Funcas sobre la percepción de las desigualdades en España recoge una muestra representativa de 1.090 personas cuya edad se sitúa entre los 18 y los 75 años. Una de las conclusiones más firmes del cuestionario es que la igualdad de oportunidades está lejos: el 66% sostiene que no existe frente a un 15% que opina lo contrario. La cosa no termina ahí. El 88% califica como "muy grande" la distancia social que existe entre la clase alta y media-alta y la baja y media-baja. A su vez, siete de cada diez consideran que esta brecha social y económica se ha agudizado en las últimas dos décadas.

Contribución fiscal. Es a raíz de la situación de dónde surge la principal contradicción de la encuesta: el 71% considera que el Estado debe aumentar el gasto social para reducir la desigualdad, pero a su vez el 70% no cree que sea necesario subir los impuestos para llevarlo a cabo. ¿Por qué? Una gran mayoría desconfía del Estado. Actualmente España dedica alrededor de un 4,2% de su PIB al gasto en Educación, una cifra por debajo de la media europea, en torno al 6,5%. Así, mientras Suecia invierte un 7,1%, Finlandia destina un 6,8% y Bélgica un 6,4%. Para hacernos una idea de dónde se van los impuestos en España, esta infografía de Civio se detiene a explicar el gasto por partidas y cantidades.

Desconfianza. El 75% de los encuestados relaciona el pago de impuestos con la confianza a los políticos. Si nuestros representantes fuesen "más honestos", estarían dispuestos a pagar más. Este razonamiento coincide con un amplio descontento a la hora de hablar de la gestión del gasto: el 84% considera que los impuestos no se gastan correctamente. Si a las razones anteriores le sumamos la desconfianza reflejada el pasado mes de abril en el Eurobarómetro, la paradoja del pago de impuestos se desgrana más fácilmente. El 88% de los españoles desconfía de los partidos, el 79% del Congreso y el 7 % del Gobierno.

Y, aunque obviamente existe un colectivo que prefiere no pagar más impuestos porque no comparte que ese papel tenga que desempeñarlo por el Estado, hay una gran mayoría que no quiere pagarlos por desconfianza.

Presión fiscal. El conjunto de impuestos sociales que los españoles pagamos en relación con el PIB está por debajo de lo que pagan los países europeos a los que los encuestados quieren que nos parezcamos. La presión social representó en 2017 un 34,5%, una cifra que está más cerca de la inversión de Rumania (25,8%) o Bulgaría (29,5%) que del 48,4% de Francia o el 43,4% de Finlandia. Sin embargo, tampoco queremos incrementar la contribución. Por mucho que los españoles sepan que es necesario hacerlo para tener mejores servicios, prefieren no hacerlo. Algo que de algún modo recuerda a la hipocresía de los anti-capitalistas estadounidenses que demandan una sanidad universal y gratuita, pero sin subir los impuestos.

Países nórdicos. El 34% de los encuestados ha reconocido que le gustaría que España se pareciese a alguno de los Estados del norte de Europa donde los servicios garantizados por el gobierno son mucho más elevados y la calidad de vida en términos sociales es mayor. Sin embargo, para lograr esta situación los ciudadanos pagan más impuestos. Por ejemplo, en Finlandia, los ciudadanos confían en el Estado porque a cambio reciben políticas que les hacen la vida, en términos generales, más fácil. Finlandia es el tercer país menos corrupto del mundo y una anécdota que lo resalta es el "Día Nacional de la Envidia": la fecha en la que el gobierno pública los datos fiscales anuales de todos los ciudadanos, desde los más anónimos a las grandes empresas.