¿Puede España prescindir de la educación concertada? Frente a la caída demográfica, tal vez sí

La actual ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, ha calentado con sus últimas declaraciones a buena parte de los padres de España. Durante el congreso de Escuelas Católicas, que representa a 6.000 de los centros religiosos del país, recordó lo anómalo de la situación, parcialmente contraria a la legalidad, en la que se encuentran actualmente los centros concertados.

Como recordaba Celaá, una sentencia del Tribunal Constitucional de 1981 basándose en la interpretación del artículo 27 de nuestra Constitución determinaba que no forma parte “de la libertad educativa el derecho a elegir centro” de los padres. Es decir, que aunque los padres tienen la libertad de elegir dónde y qué religión y códigos morales pueden estudiar sus hijos, el Estado sólo está obligado a dar la opción para que se estudie de forma opcional en sus aulas. Por ejemplo, poniendo como optativa Religión frente a otra materia.

Celaá ya ha matizado sus declaraciones para tranquilizar a los católicos.

Aunque Celaá no se refería a eso en su declaración, el artículo 27 también alude a otro de los temas a debate de los últimos años, que el Estado tampoco tiene “la obligación de contribuir a la financiación y mantenimiento” de centros ajenos a la red pública, según la Constitución (sí según la ley, como veremos más adelante).

Cuál es la situación actual del debate

Como bien sabemos, España es el segundo país de Europa con más centros concertados y privados frente a los públicos, tercero si considerásemos la anómala situación de la educación Bélgica
Aunque legalmente no debería ser así, los colegios concertados y privados segregan de facto, cuotas y otros trucos mediante, al alumnado por estatus económico y cronifican la desigualdad de la sociedad no sólo por la ausencia de esa mezcolanza entre niños de diversas procedencias, sino también porque los alumnos de la concertada, de pago, tienden a ser más competentes que los de la pública. Todo ello sumado a los habituales reproches de la izquierda que recuerdan que esas escuelas, que en teoría no deberían forzar al pago, en realidad sí lo hacen. Peor aún, muchos padres pretenden desgravarse de ese pago por un servicio privado vía “donaciones” en la declaración de Hacienda.

Resumido, que la concertada que está ayudando a segregar a los alumnos, es subsidiaria de la pública y crece a expensas de esta.

A mediados de los 80 el PSOE llegó con un acuerdo con los colegios privados de España para que ingresaran de alguna forma en el sistema público. La idea era afianzar el derecho y el deber a la educación, que aún no se había logrado, hasta los 14 años primero y después los 16. Pero, como el Estado no contaba con una suficiente red de centros para hacerlo, se acordó pagar los salarios de los docentes y otros gastos generales de las instituciones privadas a cambio de que ofreciesen ese servicio, y entraron al sistema.