¡Todos los productos son NUEVOS y con 1 AÑOS de garantía!

Bateríasadaptador.es baterías Pago Seguro y Sencillo,Transmisión de Datos con Cifrado SSL.Nuestro objetivo consiste en la satisfacción de nuestros clientes.

El Gobierno plantea cambios legales para frenar los bulos en internet: qué castigos contempla ya la ley y por qué su regulación genera tantas dudas

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, alertaba en rueda de prensa que estos días han encontrado casos de "utilización criminal" de las redes sociales. Una situación que ha llevado al Gobierno, según el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a plantearse realizar cambios legales para impedir que "aquellos que contaminan la opinión pública" salgan impunes.

El anuncio se produce a raíz de una denuncia realizada por Unidas Podemos a la Fiscalía, donde exponen la difusión de un vídeo con información falsa sobre material sanitario y acusaban al Gobierno de "asesino". En el escrito sostienen que la difusión de este bulo supondría un delito de "desorden público, simulación de peligro, calumnias e injurias a altas instituciones del Estado" y advierten de la existencia de una "organización criminal" encargada de este tipo de bulos.

Estos cambios legales que plantea el Gobierno no son sencillos de implementar. Y es que la propia difusión de bulos no está tipificada, pero los expertos explican que "ya existen varios tipos penales" que sirven para luchar contra la difusión de mentiras y bulos en las redes. Un debate que no está centrado en si hay que luchar intensamente contra la desinformación en internet, donde todos los implicados coinciden, sino en qué mecanismos legales hay que aplicar para enfrentarse a ellos.

"Quiero adelantarles que tenemos un problema como sociedad con las 'fake news'. Sabemos que constitucionalmente tenemos el derecho a recibir información veraz y me comprometo a revisar si nuestro instrumento legal es suficiente fuerte y garantista para cumplir con ese derecho. Y si ello lo llevamos a un estado de alarma, creo que está más que justificado que hagamos, con calma, una revisión de cuales son nuestros instrumentos legales para impedir que al menos no se vayan de rositas los que contaminan la opinión pública de manera grosera y sin justificación ninguna"

Qué contempla la ley sobre la difusión de bulos
Borja Adsuara, profesor y abogado experto en Derecho, se muestra "preocupado al respecto". En referencia a la denuncia interpuesta por Unidas Podemos, el experto cree que "no tiene mucho recorrido. Hablan del delito de Injurias y calumnias contra altas instituciones del Estado, pero la mayoría de jueces entienden esto bajo libertad de expresión. Ya veremos que dice la Fiscalía".

La difusión de bulos como tal no está tipificada como delito. Si bien, en función del bulo, sí existen distintos delitos recogidos en el Código Penal que pueden llegar a aplicarse.
Poner un tuit contando una noticia falsa o crear una cadena de WhatsApp explicando un bulo no constituye un delito en sí mismo. La difusión de bulos como tal no está tipificada como delito. Si bien, en función del bulo, sí puede encajar en otros delitos recogidos en el Código Penal que pueden llegar a ser castigados con multas y años de cárcel.

Uno de los tipos penales que puede utilizarse frente a cierto tipo de bulos es el artículo 561, de Delitos de desórdenes públicos. Dice así, "quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento".

"En el caso del Artículo 561 sí se podría aplicar un delito. Fue creado pensando para cuando se hacían falsos avisos de bomba desde una cabina. En esta crisis, se podría aplicar en caso de un bulo que hiciera colapsar el sistema sanitario y tuviera que intervenir la Policía para gestionarlo. Pero el Código Penal se tiene que aplicar en los comportamientos más graves, no en una crítica al Gobierno", expone Adsuara.

En la misma línea se sitúa Carlos Sánchez Almeida, director jurídico y miembro de la Junta Directiva de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información.